Santo Domingo. El señor Arismedy Díaz, presidente de la Fundación Social para Todos, advirtió que el sistema público de salud dominicano continúa operando, desde hace más de siete décadas, en contra de las necesidades de la población más pobre, promoviendo la privatización de los servicios y vulnerando los derechos de los afiliados.
En su análisis, Díaz destacó que el modelo actual se caracteriza por salarios médicos sin garantías de resultados, horarios limitados, huelgas recurrentes, clientelismo, corrupción y desabastecimiento crónico, lo que ha generado bajos indicadores de salud y un elevado gasto familiar de bolsillo.
“Durante más de 70 años se ha mantenido un sistema que beneficia a pocos y deja desprotegidos a los más vulnerables. Es momento de repensar el modelo, priorizando los derechos de los afiliados y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó Díaz.
Diez distorsiones estructurales del sistema público de salud
El análisis identifica diez normas y prácticas improductivas que, según el Sr. Díaz, perpetúan la ineficiencia y la desigualdad:
- Contratación sin resultados. Los médicos son contratados sin compromisos de dedicación ni rendición de cuentas, lo que incentiva el ausentismo y la falta de ética profesional.
- Horarios limitados. La jornada médica de 4 horas diarias —muchas veces reducida a dos— no responde a las necesidades de los pacientes.
- Incentivos improductivos. Los pagos adicionales por antigüedad o riesgo no se relacionan con la calidad ni la satisfacción de los usuarios.
- Asimetría médica–paciente. El trato difiere entre el afiliado contributivo y el paciente hospitalario, al depender los ingresos del médico del tipo de atención.
- Discontinuidad de servicios. Las huelgas médicas vulneran el derecho constitucional a la salud y empujan a los pacientes hacia las clínicas privadas.
- Conflictos de interés. Más del 60% de los directores hospitalarios son propietarios o directivos de clínicas privadas, generando un conflicto ético y financiero.
- Impotencia gerencial. Los directores carecen de autoridad para seleccionar o sancionar al personal médico, lo que impide una gestión efectiva.
- Designaciones politizadas. Los nombramientos se realizan por afinidad política más que por méritos o capacidades de gestión.
- Centralización excesiva. Las decisiones administrativas se concentran en la sede central del Ministerio, alejadas de las realidades locales.
