Santo Domingo. Ante las implicaciones legales que podría traer la entrada en vigor del nuevo Código Penal, especialistas recomendaron a los profesionales de la salud fortalecer la elaboración de expedientes clínicos completos y debidamente documentados, como principal herramienta de defensa frente a posibles reclamaciones judiciales.
El doctor Luis Farington, cirujano vascular y abogado, afirmó que una adecuada documentación médica constituye uno de los principales elementos de defensa ante cualquier reclamación derivada de complicaciones o resultados adversos en la atención de los pacientes.
El exvicepresidente del Colegio Médico Dominicano explicó que el nuevo Código Penal incorpora disposiciones que podrían generar responsabilidades para médicos, clínicas, centros diagnósticos y laboratorios.
Durante un conversatorio dirigido a cirujanos de Santiago, Farington señaló que gran parte de las demandas presentadas contra profesionales de la salud corresponden al ámbito civil, donde el principal objetivo suele ser la reparación económica por los daños alegados por los demandantes.
Indicó que, históricamente, la mayoría de los conflictos relacionados con la práctica médica se han resuelto mediante procesos de indemnización, más que por la vía penal. No obstante, advirtió que el nuevo marco legal introduce modificaciones en las sanciones aplicables al homicidio involuntario.
Por su parte, el doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos y candidato a la presidencia de esa entidad, manifestó su preocupación por el carácter predominantemente sancionador de algunas disposiciones del nuevo Código Penal.
El especialista, organizador del encuentro para los cirujanos de la región Norte, consideró que el debate legislativo debe tomar en cuenta el impacto que una excesiva judicialización de la medicina podría tener sobre la atención de los pacientes y la toma de decisiones clínicas.
Durante el conversatorio también se analizaron disposiciones relacionadas con el intrusismo profesional y el ejercicio de funciones sanitarias por personas que no cuentan con las acreditaciones exigidas por la ley.
Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento del marco regulatorio debe contribuir tanto a la protección de los pacientes como al ejercicio responsable y seguro de la medicina.
